América latina necesita una gran reforma tributaria
Por Dr. Manuel Antonio Garretón Sociólogo y docente en la Universidad de Chile

 

Se ha insistido en que América latina es una de las regiones de mayor desigualdad socioeconómica; que esa desigualdad no disminuye pese a que mejoren las tasas de crecimiento o que, incluso, se mejoren parcial y esporádicamente los indicadores relativos a la pobreza o indigencia; y que paradojalmente esta situación se mantiene pese la existencia de regímenes democráticos en casi toda la región.

La desigualdad socioeconómica, una de cuyas manifestaciones es la distribución del ingreso pero sin duda no la única, es un flagelo que junto a la pobreza afecta y destruye vidas individuales de varias generaciones.

Pero la desigualdad, además de este problema ético, tiene consecuencias para la vida de la comunidad histórica que es el Estado Nación, o, simplemente, el país: lo destruye como comunidad política y lo transforma en una coexistencia de diversos mundos civilizatorios en el interior de un mismo territorio. La idea de una comunidad, de un nosotros, desaparece o es reemplazada por elementos simbólicos o mediáticos; la sociedad queda entregada a la decisión de los grandes poderes fácticos enormemente concentrados y los llamados a una ciudadanía o sociedad civil quedan sin referentes reales; la democracia como régimen político tiende a deslegitimarse en la medida que uno de sus ethos principales, la igualdad ciudadana, aparece carente de contenido sustantivo.

Es sabido que si bien éste es un problema que atraviesa toda nuestra historia, fue agravado al extremo por las reformas neoliberales, en las expresiones tanto del Consenso de Washington como de las políticas fundamentalistas de algunos gobiernos de la región. Este agravamiento en la situación estructural de desigualdad fue acompañado por otros factores concomitantes de estas políticas: la desestructuración de las formas de acción colectiva defensivas de los sectores afectados, el debilitamiento de la capacidad y voluntad del Estado para atender a los sectores desprotegidos y la concentración de la riqueza y el poder económico, pero también la proyección de las desigualdades a todos los terrenos de la vida social, entre ellos la salud, la educación, la cultura.

La respuesta a las críticas de estas políticas en términos que asegurado el crecimiento se produciría más adelante la superación de las desigualdades (ilustrada en aquellas afirmaciones que la pobreza no podía esperar y la desigualdad sí o que la redistribución era un lujo que sólo podría darse cuando se tuvieran altas de crecimiento) fue refutada tanto por la teoría y la experiencia histórica de otros contextos que mostraron que la igualdad relativa es una condición más que un resultado del crecimiento, como por el hecho que o no se produjo crecimiento o éste no llevó a mejores situaciones de igualdad.

Las políticas correctivas del modelo neoliberal llamadas políticas de crecimiento con equidad han tenido algún éxito relativo innegable en la lucha contra la pobreza y la indigencia, pero no han logrado avanzar sustantivamente en la lucha contra las desigualdades, en la medida que no han enfrentado el problema de la redistribución directa del ingreso y la riqueza a través de reformas tributarias orgánicas y reformas estructurales, principalmente la del Estado.

Lo paradojal es que las resistencias a las reformas y procesos redistributivos no provienen sólo de los sectores favorecidos con la actual distribución del poder y la riqueza o de aquéllos que perciben que pueden llegar a formar parte de las elites en el actual modelo. También provienen de sectores medios tecnoburocráticos y políticos que afirman su progresismo, pero o tienen miedo de enfrentar a los poderosos o son conscientes de que un proceso redistributivo en serio también los afectaría.

Hay en esto una dimensión ideológica que puede apreciarse en el concepto equidad como sustituto del clásico de igualdad, en la medida que aquél supone sólo un piso básico de satisfacción de necesidades; o en el de igualdad de oportunidades, que al igual que el anterior se preocupa de las condiciones equitativas en el origen, pero no de las consecuencias o resultados en la carrera a lo largo de la vida de individuos y grupos. Ninguno de estos conceptos pone por delante el principio ético de la igualdad como distancia mínima entre ricos y pobres o débiles y poderosos, es decir, la idea no sólo de un piso sino de un techo; por ello elimina el problema de la redistribución.

La ausencia del principio redistributivo se expresa, entre otras cosas, en la negativa permanente de los ministros de Hacienda y, en general de los gobiernos, de encarar con fuerza y capacidad de convocatoria la reforma tributaria necesaria en una región en que la estructura impositiva es desastrosa, la carga impositiva para los ricos es muy baja y los mecanismos de evasión son infinitos. Ya sea porque hay crisis depresivas, ya sea porque hay reactivación, hay que evitar "desincentivar" la economía y, por lo tanto, nunca será el momento.

Pero es evidente que una reforma tributaria indispensable y coherente obliga a una reforma del Estado que vaya más allá de la simple modernización, y que implique abordar el modelo de Estado protector que se quiere construir y las formas de control ciudadano sobre ese Estado. Es evidente que hoy los diversos proyectos políticos en juego carecen de esta visión y modelo de largo plazo que inspire las reformas inmediatas necesarias.